Las primeras normas ambientales en República Dominicana datan de comienzos del siglo XX a consecuencia de la tala indiscriminada de árboles. En el año 1901 se sancionó la primera ordenanza municipal que prohibió tanto la tala como la contaminación de los arroyos. Posteriormente, en el año 1927 se creó la primera área protegida del país denominada Vedado del Yaque. Este hecho constituyó un hito en la historia de la evolución legislativa ambiental en la República Dominicana. convirtiéndose en las primeras herramientas de gestión ambiental en territorio Dominicano que darían base a la normativa ambiental unificada creada con posterioridad.
A lo largo del siglo XX, la legislación ambiental Dominicana fue sancionada en forma dispersa hasta la sanción de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00 en el año 2000 la cual se convirtió en uno de los instrumentos jurídicos de su rubro más actuales de América Latina.
La mencionada ley establece las bases para la protección del medio ambiente y los recursos naturales y reconoce principios ambientales importantísimos como el Principio de Precaución, el Principio de Prevención, el Principio de “Quien contamina, paga”, el Principio de Responsabilidad Objetiva, 4. Principio de Participación, el Principio “in dubio pro natura”, el Principio de Prohibición ab initio, y el Principio de Orden Público, entre otros[i] . Todos ellos forman parte de los valores fundamentales de la Ley General de Medio Ambiente y de la política ambiental del país.
Sin embargo, fue recién en el año 2010 que el país incluyó en su constitución el reconocimiento del derecho de toda persona al uso y goce de los recursos naturales y a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza.
Con respecto a la autoridad de aplicación de la legislación ambiental vigente, la Ley 64-00 nombró al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el “organismo rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y de los recursos naturales…”[1].
Dentro del ámbito jurisdiccional, tanto la procuraduría especializada como los tribunales de primera instancia tienen competencia para entender en temas relacionados con los incumplimientos o violaciones de la legislación ambiental. En el primer caso, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales es un departamento especializado de la Procuraduría General de la República que ejerce la representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en materia ambiental en todos los juicios por infracción a la legislación ambiental.
