La contaminación atmosférica antropogénica comenzó cuando los seres humanos descubrieron y domesticaron el fuego natural. Si bien mucho ha pasado desde entonces, no se ha evolucionado al nivel apropiado para minimizar los efectos negativos o reducir las emisiones de agentes contaminantes a la atmósfera, lo cual resulta en una baja calidad del aire que respiramos.
La OMS –Organización Mundial de la Salud– estima que la contaminación del aire es responsable, a nivel mundial, del 1.4% de las muertes y de 0.8% de los años de vida ajustados según la discapacidad. En el país las estadísticas nacionales de consultas por problemas respiratorios son altas, como también es alta la morbilidad y mortalidad infantil por esta causa.
Como en el resto de los países en vías de desarrollo, las principales fuentes de contaminación del aire están dadas por el uso de biomasa y carbón para cocinar o calentar, de combustible líquido –óleo doméstico y el queroseno o parafina– para la calefacción e iluminación.
En Santo Domingo, la ciudad con mayor población del país, no existe un programa de monitoreo de la condición del aire, aún cuando se han detectado altos niveles de material particulado en el aire, lo cual está relacionado con padecimientos respiratorios –como por ejemplo bronquitis aguda–, principal causa de muerte entre los menores de cinco años de edad . Se supone que dichas partículas son generadas a partir de emisiones de vehículos, generación energética –lo cual incluye la gran cantidad de generadores privados para suplir la carencia del sistema nacional– y quema de desperdicios sólidos.
En este contexto es válido preguntarse: ¿quién es el responsable? ¿Cómo prevenir la contaminación del aire? ¿Quién controla?
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo lo suyo emitiendo las normas técnicas correspondientes, para otorgar un marco adecuado. En efecto, la Norma Ambiental sobre Calidad del Aire vigente en el país, determina los valores máximos permisibles de concentración de contaminantes, con el propósito de proteger la salud de la población en general y de los grupos de mayor susceptibilidad. Dicha norma contempla prohibiciones específicas como la quema de desechos sólidos y líquidos, o cualquier otro material combustible a cielo abierto.
En ese mismo sentido, el país cuenta también con una Norma Ambiental para el Control de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas. En esta normativa se pautan los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera producidos por fuentes fijas, lo que ayuda como herramienta de control para contribuir al logro de los estándares establecidos en la Norma de Calidad de Aire. Esta rige en todo el territorio nacional para las industrias, comercios, proyectos, servicios y toda aquella instalación que genere, en sus actividades, contaminantes que alteren la calidad del aire.
Los responsables del cumplimiento de la normativa para evitar la contaminación del aire, son todos los administrados, que a través de sus actividades, deben asegurar la implementación de todas aquellas medidas necesarias para evitar que las emisiones de fuentes fijas superen lo permitido por el reglamento correspondiente. Para verificar ello, la misma autoridad de aplicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de su facultad de supervisión, debe controlar para que en efecto las disposiciones de las normas sean respetadas. En las industrias por ejemplo, lo realiza a través de inspecciones periódicas y verificación de los Informes de Cumplimiento Ambiental que son sometidos para su consideración.
Sin embargo, los esfuerzos de control y supervisión pueden siempre resultar insuficientes ante la ausencia de un plan integral que contemple a todos los sectores productivos y a todas las instituciones relacionadas –Amet, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamientos– con el fin de lograr una menor contaminación del aire, por consecuencia, una mejor calidad de vida en territorio nacional. Hasta que ello no ocurra, el aire que respiramos continuará siendo un riesgo significativo que afectará la salud de la población.
