Cuando un individuo o una empresa no cumple con las leyes o las disposiciones de las autorizaciones ambientales, puede dar lugar a responsabilidad civil, administrativa y/o penal, dependiendo de la falta cometida.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales Nro. 64-00 establece la responsabilidad ambiental mediante la inclusión del principio de responsabilidad objetiva por lo que las exclusiones clásicas en cláusulas de responsabilidad no se aplican a la responsabilidad civil medioambiental. La responsabilidad legal surge de la producción del daño en sí. Esta doctrina establece que cualquier persona que causa daño al medio ambiente y los recursos naturales será responsable de ello y tendrá que restaurarlo a su estado anterior. Si eso no es posible, se aplicará una compensación adicional.
Por su parte, la responsabilidad administrativa se ha convertido en el tipo más frecuente de responsabilidad cuando se comprueba una violación de las leyes y/o permiso ambiental..
Las principales sanciones administrativas previstas en la legislación ambiental son las siguientes:
(1) Multa de hasta tres mil veces el salario mínimo;
(2) La incautación y/o decomiso; y
(3) La prohibición o suspensión temporal de actividades o cierre parcial o total del establecimiento.
En cuanto a la responsabilidad civil, daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la contaminación se contemplan en el Código Civil. Varias sanciones pueden surgir:
(1) Una orden para restaurar materialmente el daño causado;
(2) Una orden de indemnización a favor del Estado (para la comunidad donde el daño estaba hecho) y / o alguna de las personas afectadas; y
(3) Una orden de restablecer el ambiente a la condición anterior al daño generado, siempre que sea posible.
En cuanto a la responsabilidad penal, la jurisdicción penal competente podrá imponer a las personas o empresas que han infringido las sanciones, entre las que destacan:
(1) Prisión si se produjeron muertes debido a la infracción;
(2) Multas;
(3) El decomiso;
(4) La obligación de compensar a los que sufrieron daños;
(5) La retirada temporal o definitiva de la autorización, licencia o permiso; y
(6) La obligación de reparar, sustituir, compensar, restaurar o rehabilitar a su estado original el recurso natural afectado.
Sin importar el tipo de responsabilidad que se trate, las personas o empresas sancionadas siempre tendrán los remedios correspondientes o defensa procesal, tanto en sede administrativa como judicial.
